La inversión privada de Penales es noble e impacta directamente en los DH: Hernández Aguilar

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Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 25 de agosto del 2018.- Desde el 2010, durante el Gobierno del presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa, México comenzó a abrirse al Sistema de Inversión Privada de Penales, trayendo consigo un Importante Impacto en materia sobre los Derechos Humanos, así lo detalló en su conferencia el consejero de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) José Carlos Hernández Aguilar.

Cabe destacar que José Carlos Hernández Aguilar, fue director del penal número once, que fue el primero en su tipo en su categoría de CPS 11 de Hermosillo Sonora y siendo este “punta de lanza” en materia de inversión privada a nivel nacional.

Hernández Aguilar detalló que este sistema es “noble” pero requiere de una “armonización” entre el sistema de reinserción y el de inversión privada, porque a la fecha se encuentran caminando en sentido contrario.

Es importante que ahora se respeten los Derechos Humanos en base a este sistema que es noble, que tiene aciertos y que tiene realidades muy difíciles, en México hay nueve penales federales que se encuentran bajo el régimen de Contrato de Prestación de Servicios (CPS).

Actualmente bajo el Sistema CPS11 que se encuentra en el Penal de Hermosillo, Sonora hasta el próximo que se abrirá en el estado de Veracruz, ambos centros de reinserción poseen infraestructura y bienes propiedad de un particular o grupos de particulares, que son ofrecidos por parte de una empresa al Gobierno a cambio un pago de una cantidad anual por el lapso de veinte años, explicó Hernández Aguilar.

En el caso de las personas privadas de su libertad (PPL) donde ellos el Gobierno a través de ese pago anual que se hace a las empresas, la IP se dedica a ofrecer una serie de servicios que van desde la jardinería, servicios de limpieza, alimento, laboratorio para que la administración pública solamente se dedique a las labores de custodia y de reinserción social de los internos, detalló el consejero de la CEDH.

Es decir que, los muebles y los bienes son propiedad de un grupo privado, pero el Gobierno tiene la obligación de darles el empleo correspondiente a las personas privadas de su libertad para que ellos reparen el daño que causaron y al mismo tiempo reparan a la sociedad el perjuicio producido, siendo parte de la sanción, en un hecho cíclico, haciendo autosustentable el penal, dijo.

 “Nosotros al llegar al Penal CPS11 los internos no tenían trabajo, poco a poco se les otorgaron labores para que ellos tuvieran dinero para todas sus necesidades, como el pago de la reparación del daño entre otros gastos que ellos tienen, es decir con ello se les dignifica como personas, mediante el respeto a los derechos humanos”, aseveró Hernández Aguilar.

Las Personas Privadas de su Libertad (PPL) por más delincuentes que sean, no le corresponde al Sistema Penitenciario determinar la culpabilidad o imputabilidad de ellos, simplemente la custodia y el respeto a sus derechos humanos, que es la función del Estado de tenerlos resguardados para que cumplan su condena y ellos tener la responsabilidad de resarcir el daño.

“Tenemos la experiencia del Penal Productivo de Ciudad Juárez, donde a pesar de que todavía no está en funciones, pero es factible que se echado a andar de la mano de una empresa maquiladora, para que sea completamente autosustentable”, manifestó Hernández Aguilar.

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