La disputa Maru-Domínguez

160

Por: Jaime García Chávez.

Chihuahua, Chih., 10 de abril del 2018.- Alejandro Domínguez, reiterando su reciente versión, salió a los medios para formular graves imputaciones a María Eugenia Campos Galván, la famosa presidenta municipal de esta ciudad, sin más heráldica que la que se conoce históricamente, pues el “escudo” que se le adosó hace unos días es tan poroso que hasta en la oscuridad deja pasar el plomo.

Ambos son pretendientes de la alcaldía de este solar, el primero como candidato del PRI, la segunda, ansiosa reeleccionista, sin más arrestos panistas de fondo que sus proyectos de poder. Se trata de un diferendo en parte electoral, político sin duda, pero que tiene su miga. En esta nuez hay que distinguir la cáscara de la almendra.

De Alejandro Domínguez no hay mucho qué decir: priísta viejo desde su más temprana edad, discípulo del impresentable Sergio Martínez Garza, incondicional de Patricio Martínez García y limpia botas de César Duarte, que lo hizo diputado local, jefe del PRI en su legislatura estatal, luego presidente del más abyecto PRI que haya existido en Chihuahua, si este matiz vale de algo, y como cereza de su pastel, designado diputado federal por su hoja de servicios lacayuna, cargo que aún ocupa y con el que se blinda para lanzar sus acusaciones que ya se presentaron ante la Fiscalía de Chihuahua.

Todos esos atributos, seguramente otros que desconozco porque no me he ocupado de su biografía, tiene en su haber y carece de uno solo: la falta de autoridad moral y política para levantarse como acusador de los crímenes de los que él fue actor y cómplice. Una digresión válida: ahora todos los políticos en campaña suelen tener su corrupto o corrupta en la mira, pero han de entender, como dice el adagio popular, que para ostentar la lengua larga hay que tener la cola corta, y no es el caso del diplodocus al que me refiero.

Empero, las cosas no pueden parar en la siempre respuesta sofistica de la señorita alcaldesa, que dice que se trata de “mentiras viejas”. Para ella una simple frase pronunciada en respuesta instantánea es el colofón de lo que –así lo da a entender– no es otra cosa que un simple chisme, que se supone la desvía de su arduo trabajo al frente del municipio.

Las cosas van más allá: ya está instaurada una denuncia y sea cual sea su resultado debe tener un debido procedimiento esclarecedor; no hacerlo –ahí está la trampa– da pábulo para que se piense que hay protección para la panista, desdén por el acusador, y de los ciudadanos y la opinión pública que se apiade dios si la justicia no alcanza.

El que esto escribe tiene la convicción de que Campos Galván fue cómplice del duartismo, conjuntamente con el presidente de su partido, en aquel entonces Mario Vázquez, ahora encaramado a un cargo de primer nivel en la administración municipal.

La complicidad surgió en el tiempo que la hoy alcaldesa fue diputada local y figura influyente en la comisión congresional de la Auditoria Superior del Estado. Junto con César Jáuregui Moreno coparticipó en el golpe al Poder Judicial del Estado al nombrar un racimo de magistrados “oxigenadores” (se les pagó con su cuota), provocando una crisis que aún no puede resolverse, por más que estemos ante el arribo a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Pablo Héctor González, intrigante colaboracionista del duartismo en su tiempo, y que ahora también llegará con ese aval, por el apoyo concitado del grupo de Gabriel Sepúlveda.

La historia es larga, compleja y, sobre todo, documentable, tenemos los expedientes. El hecho de que un miserable como Domínguez sea el acusador es ahora un simple matiz de circunstancia, pero el fondo es fondo más allá del desenlace e incidencias que se presenten en la contienda electoral.

Pieza clave en todo esto es la relación María Eugenia Campos Galván-Jaime Ramón Herrera Corral, nexo político con consecuencias y que, dicho sea de paso, conoce, y hasta donde sé, justipreció en su importancia el señor Javier Corral Jurado, compañero de partido de la alcaldesa reeleccionista.

De que hay fondo, no hay duda. De que Domínguez es un impostor, tampoco. De que obliga, por disposición de orden público y congruencia, procesar todas las diligencias e investigaciones que el caso tiene, tampoco debe estar en el ámbito de la discrecionalidad, porque así debe ser conforme a las leyes, pero sobre todo porque están sujetos a una elección y los ciudadanos tienen derecho a saberlo todo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*