Falta de reconocimiento territorial a indígenas detonante de violaciones a DH en la Sierra Tarahumara: Tauli- Corpuz

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Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 25 de agosto del 2018.-La Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Victoria Tauli-Corpuz en su informe especial realizado tras su visita a Chihuahua el pasado 8 al 17 de noviembre del 2017 con la finalidad de llevar a cabo una evaluación de la situación en la que se encontraban los pueblos indígenas de las comunidades de la Sierra Tarahumara y de los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Ciudad de México.

En ese recorrido que realizó la Relatora Tauli-Corpuz, se reunión con activistas, gobernantes indígenas, con pueblos originarios que viven de cercas las problemáticas por lo que destacó que, a pesar de los compromisos contraídos por México, en materia de derechos humanos desde el año 2003, los pueblos indígenas continúan enfrentando graves desafíos en el ejercicio de dignidad humana.

En el caso de la Sierra Tarahumara, numerosas comunidades rarámuri y ódami han emprendido procesos legales ante autoridades agrarias, que se prolongan por años y hasta décadas, para obtener el reconocimiento de sus tierras, detalló la Relatora en su Informe.

En este punto, la Relatora Especial coincidió con su predecesor y destacó en su Informe que la preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas debe ser un tema prioritario dentro de los Gobierno que requiere una debida reglamentación.

Calificó que la situación que es un asunto crítico fundamental que se encuentra en la raíz de muchos de los problemas de derechos humanos que observaron presentes en las comunidades de la Sierra de Chihuahua y que ha detonado innumerables muertes, declaró la Relatora Especial.

El régimen agrario de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, así como las autoridades e instituciones agrarias que establece, no responde a las necesidades de los pueblos indígenas y no se ajusta a las actuales obligaciones internacionales de México, que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido.

En ese sentido, los casos recibidos forman una clara muestra de que los procedimientos disponibles para el reconocimiento de derechos territoriales no son sencillos ni accesibles y pueden implicar largos procesos legales.

Para Tauli-Corpuz, el reconocimiento efectivo también se ve obstaculizado cuando se presentan conflictos limítrofes con otras comunidades o propietarios privados y cuando autoridades agrarias y estatales o terceros promueven actividades de explotación de recursos naturales en territorios indígenas. Asimismo, se obtienen resultados limitados ya que las tierras otorgadas a pueblos indígenas generalmente no corresponden a sus conceptos de territorio y desconocen sus límites territoriales tradicionales.

Esas dificultades en el acceso a la justicia agraria, preocupa pues la larga duración de los procesos ante ella, se traduce en una demora en la mayoría de los asuntos agrarios los cuales se han traducido en fuente de conflictos intra e intercomunitarios.

Otro problema fundamental es que las autoridades ejidales y agrarias, producto de la Ley Agraria, no necesariamente coinciden con las autoridades representativas de las comunidades indígenas y, en muchos casos, entran en conflicto con ellas.

Esto provoca incertidumbre y conflictos cuando agentes del Estado supuestamente consultan a las autoridades ejidales para la aprobación de medidas o actividades que afectan tierras indígenas en los ejidos.

En ese sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación núm. 56/2016 observó que los órganos agrarios “no representan a todos los integrantes de una comunidad indígena”, sino a aquellas personas que fueron reconocidas por el Estado como sujetos agrarios.

Cabe destacar que, en varios casos, se ha alegado que agentes del Estado y terceros han manipulado el régimen agrario para deslegitimar y socavar a las autoridades indígenas opuestas a proyectos de desarrollo en sus tierras.

En pocas palabras, en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, la imposición del sistema agrario no reflejó los sistemas de tenencia territorial de los pueblos indígenas, por ello numerosas comunidades rarámuri y ódami han emprendido procesos legales ante autoridades agrarias, que se prolongan por años y hasta décadas, para obtener el reconocimiento de sus tierras. Algunas comunidades tienen que esperar a que primero sus tierras sean declaradas bienes nacionales, para luego ser adjudicadas y poder comprarlas.

En numerosos casos, sus reclamos territoriales forman parte de acciones legales para impugnar permisos forestales o derechos agrarios otorgados a terceros sin previa consulta. En algunos casos, los tribunales agrarios han dictado que el reconocimiento territorial solo se puede obtener mediante la figura de ejido o comunidad agraria. Mientras esperan la resolución de sus solicitudes y acciones legales, muchas comunidades enfrentan represalias y por consecuencia sufren desplazamiento forzado y en situaciones más graves asesinatos.

Otra de las preocupaciones que externó la Relatora es el proyecto turístico Barrancas del Cobre, el cual ha impactado gravemente sobre los territorios indígenas, principalmente en recursos naturales, ambiente y salud de comunidades rarámuri en Chihuahua.

Las descargas residuales y basura de los hoteles han contaminado las fuentes de agua, y perjudicado la salud de niños y adultos rarámuri, a la fecha varias comunidades interpusieron demandas alegando la falta de consulta en los tribunales al respecto, así como contra la construcción de un gasoducto en esa misma región. La Suprema Corte de Justicia ha ordenado varias medidas de reparación y beneficios para las comunidades afectadas.

En la comunidad rarámuri de Choréachi, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales para proteger la vida e integridad de los miembros de la comunidad debido a los asesinatos y amenazas contra la comunidad. La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad de El Manzano cuyos miembros sufrieron actos de violencia y desplazamiento forzado.

En cada región visitada, preocupó a la Relatora Especial el gran número de denuncias detalladas de casos individuales relativos a la extremadamente grave situación de violencia que sufren los pueblos indígenas debido a disputas sobre sus territorios, ante la falta de un reconocimiento adecuado, a la expansión de proyectos de desarrollo y a la presencia del crimen organizado. A estos factores se suman la impunidad, la falta de acceso a la justicia y la criminalización que enfrentan los indígenas.

Estos procesos han sido acompañados por diversas organizaciones de la sociedad civil, como Alianza Sierra Madre, Consultoría Técnica Comunitaria, Awé Tibúame y Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, las cuales integran la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara.

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