Entrega Barzonistas escoltas ante falta de combustible

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Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 30 de junio del 2018.- El hermano y el hijo de Ismael Solorio y Manuelita Solís Contreras asesinados en octubre del 2012 entregaron las escoltas que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) había ordenado como medida cautelar al Gobierno de Chihuahua para salvaguardar su integridad luego del asesinato de los activistas, sin embargo, cinco años después debido a la falta de unidades y de combustible, en si de recursos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE)

Por ese motivo, el activista y defensor de los derechos humanos, Joaquín Solorio Urrutia junto con el hijo de Ismael y Manuelita Solorio, hicieron entrega de su escolta con lo que responsabilizaron directamente al gobernador del estado, Javier Corral Jurado, al fiscal general y a la titular de Atención a Víctimas, Irma Villanueva de cualquier agresión que pudieran sufrir ellos y sus familias.

Lo que ha ido pasando es que “la responsabilidad que tiene el estado de Chihuahua se ha ido diluyendo” debido mucho al gasto que se ha generado por seguir sosteniendo a las escoltas y porque no es posible asignarles los viáticos, ni el combustible para la movilización que realizan en pro de la defensa de los derechos humanos, aseveró Joaquín Solorio Urrutia.

Con estas acciones, es palpable que la política del Estado de Chihuahua de proteger a los defensores de los derechos humanos esta solamente en el papel porque pues hace unos días fueron asesinados dos barzonistas y se ha desprotegido este tema.

Vemos que este tema se ha tornado con desdén desde el fiscal general hasta la comisionada de Atención a Víctimas, Irma Villanueva quien hasta el momento no nos han permitido tener acceso a la carpeta de investigación del asesinato Ismael y Manuelita, que es lo que originó que se nos otorgaran las medidas cautelares.

En este sentido, Joaquín Solorio Urrutia señaló que la carpeta de investigación se encuentra completamente inmovilizada e incluso el fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel “ni siquiera los atiende” pues se agrava la situación cuando se recortan los gastos y se determina dar mil 500 pesos por semana con lo cual no se alcanza ni para dar la vuelta.

Esto, ya lo habían denunciado Joaquin Solorio Urrutía y su familia, cuando Heraclio Rodriguez y Gabino Gómez habían sostenido una rueda de prensa en la plaza y hasta el momento no ha habido respuesta favorable por lo que finalmente se decidió en entregar a las escoltas a la Fiscalía General del Estado (FGE) no sin antes responsabilizarlos de cualquier cosa que pudiera ocurrir, aseveraron los activistas.

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 Chihuahua, Chih., June 30, 2018.- The brother and son of Ismael Solorio and Manuelita Solís Contreras killed in October 2012 handed over the escorts that the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) had ordered as a precautionary measure to the Government of Chihuahua to safeguard its integrity after the killing of the activists, however, five years later due to the lack of units and fuel, in terms of resources by the State Attorney General’s Office (FGE)

For this reason, the activist and defender of human rights, Joaquín Solorio Urrutia, together with the son of Ismael and Manuelita Solorio, handed over their escort with what they directly blamed the state governor, Javier Corral Jurado, the attorney general and the victim of Victims Assistance, Irma Villanueva of any aggression that they and their families could suffer.

What has been happening is that “the responsibility of the state of Chihuahua has been diluted” due to the expense that has been generated by continuing to support the escorts and because it is not possible to allocate travel allowances or fuel for mobilization that they carry out for the defense of human rights, said Joaquín Solorio Urrutia.

With these actions, it is palpable that the policy of the State of Chihuahua to protect human rights defenders is only on paper because a couple of days ago two barzonistas were murdered and this issue has been unprotected.

We see that this issue has turned with disdain from the attorney general to the commissioner of Care for Victims, Irma Villanueva who so far have not allowed us to have access to the investigation folder of the Ismael and Manuelita murder, which is what caused We will be granted precautionary measures.

In this sense, Joaquín Solorio Urrutia pointed out that the research portfolio is completely immobilized and even the State’s Attorney General, César Augusto Peniche Espejel “does not even attend to them” because the situation becomes worse when expenses are cut and a thousand 500 pesos per week which is not enough even to turn around.

This, Joaquin Solorio Urrutía and his family had already denounced, when Heraclio Rodriguez and Gabino Gómez had held a press conference in the square and so far there has been no favorable response so he finally decided to deliver the escorts to the State Attorney General’s Office (FGE) but not before blaming them for anything that could happen, asserted the activists.

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