Condena la CNDH separación de familias migrantes y demanda a consulados garantizar los DH

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Por: La Redacción.

Ciudad de México., 20 de junio del 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los actos crueles, inmorales e inaceptables contra familias migrantes en Estados Unidos, al separar a niñas, niños y adolescentes de sus padres y madres, y subrayó que la potestad de un Estado de determinar sus políticas migratorias no puede incluir tal separación, el literal enjaulamiento que se ha hecho de los menores de edad, ni el trato indigno que se les ha dado, cuestiones que atentan contra su interés superior y afectan su debido desarrollo emocional y psicológico.

Este Organismo Nacional señaló que las niñas y niños no pueden ser moneda de cambio en negociaciones políticas o económicas, ya que una perspectiva así niega todo respeto a la dignidad humana y degrada a las personas a la calidad de objetos. El costo del muro que se pretende construir y de los acuerdos comerciales que se quieren alcanzar no deben ser el dolor y el sufrimiento de nuestras niñas y niños, ni la negación de nuestra dignidad como personas.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar en la ceremonia conmemorativa del Día Mundial de los Refugiados –20 de junio—, encabezada por el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ante quien señaló que, al carecer los Estados Unidos de una instancia de protección y defensa de los derechos fundamentales, los migrantes privados de su libertad difícilmente podrán tener los recursos y una posibilidad real de defender sus derechos.

Dio a conocer que la CNDH ya envió Visitadores Adjuntos a la frontera norte del país para, en coordinación con las instancias consulares, se dé a conocer de primera mano la situación y realizar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones procedentes para preservar los derechos humanos de las y los mexicanos, desde la perspectiva del interés superior de la niñez.

“No es suficiente denunciar. Hay que actuar. Y en esto hago un respetuoso llamado a los Ombudsperson de la región americana y del mundo, así como a los distintos organismos internacionales vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos, para que formemos un frente común por el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en los Estados Unidos de América”, resaltó.

El Ombudsperson nacional enfatizó la necesidad de que el Gobierno federal tenga una política congruente, para que lo que se exige legítimamente a Estados Unidos para con nuestros connacionales, se aplique con los migrantes irregulares en su tránsito por nuestro país, y demandó enviar desde México un mensaje de respeto a los derechos humanos ante las acciones de crueldad al separar a los miembros de las familias y dejar en el desamparo a niñas, niños y adolescentes alojándolos en instalaciones militares, así como rechazar las políticas migratorias que fomentan odio, xenofobia, discriminación y criminalización de la comunidad migrante.

Expresó que la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos muestra su desprecio por la dignidad de las personas y de las naciones, lo que las obliga a articularse y poner límites a ese tipo de actitudes y acciones.

González Pérez también externó su preocupación por la suspensión de plazos que mantiene la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) desde el pasado 30 de octubre a los procedimientos de elegibilidad de la condición de refugiado, y urgió el reinicio de sus actividades ante el incremento de las condiciones de vulnerabilidad de las personas que han salido de sus países víctimas de desplazamiento forzado por violencia, conflictos internos y violaciones a sus derechos humanos en busca de protección internacional en el nuestro, al que ven como un espacio a la esperanza y a la reconstrucción de todo un proyecto de vida.

De acuerdo con cifras de la COMAR, en 2017 hubo 14,596 solicitudes de la condición de refugiado, casi el doble de las presentadas en el año precedente, que fueron 8,976. Sin embargo, su tramitación y resolución se rezagó de manera considerable, pues a junio de este año esa instancia reportó que solo han sido reconocidas como refugiadas 1,907 personas –13% del total de solicitudes— y a 918 se les otorgó protección complementaria. Del total de solicitudes iniciadas, 259 correspondieron a niñas, niños y adolescentes no acompañados, de los cuales a 36 se les reconoció como refugiados y 15 recibieron protección complementaria.

Señaló que México cuenta con un marco jurídico robusto para implementar un sistema de protección sólido, al contar con una Ley reconocida a nivel internacional como una de las más garantistas y voluntad para cumplir los compromisos de la Declaración de Nueva York y de la Agenda 2030 de la ONU, a lo que se suman las Directrices en materia de Asignación de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que reconocen a los solicitantes de la condición de refugiado y residentes temporales como personas susceptibles de recibirla, lo que les permitirá acceder a diversos servicios gubernamentales y ejercer derechos fundamentales como a la educación, salud y trabajo.

Planteó la necesidad de fortalecer a la COMAR con adecuada infraestructura material, técnica y humana, para responder al problema de protección internacional desde un enfoque de derechos humanos, además de cumplir con los puntos de la Recomendación 35/2017 relacionados con la no detención de solicitantes de refugio y el respeto al interés superior de la niñez y unidad familiar.

Tras subrayar la importancia de construir una respuesta equiparable ante las violaciones a los derechos humanos acreditadas en agravio de las personas que solicitaron acceso al procedimiento de la condición de refugiado y encontraron vulneración a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal, puntualizó que entre los retos para garantizarles plena protección deben armonizarse la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político con la General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En su oportunidad, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, enfatizó que la llegada de migrantes refugiados a nuestro país nos ha enriquecido en todos los ámbitos y con sus talentos y trabajo contribuyen al desarrollo y engrandecimiento de nuestra patria, por lo que “seguiremos siendo

una nación abierta para quienes buscan cobijo y protección, así como tierra fértil para construir con su esfuerzo una nueva vida y un mejor futuro para sí, para sus hijos y para sus nietos”.

Destacó que el Estado mexicano está convencido de que nada está por encima de los derechos humanos, y que tanto el asilo como el refugio con derechos fundamentales. Y en esa lógica, México lidera, junto con Suiza, el Pacto Global para la Migración Regular, Segura y Ordenada.

Al entregar la CURP temporal a personas migrantes, para que accedan a servicios públicos y hagan efectivos sus derechos a empleo, salud y educación, destacó los convenios que la Secretaría de Gobernación firmó en ese acto con el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) y los Centros de Integración Juvenil,  para tratar de manera conjunta acciones tendentes a abatir el rezago educativo  de los refugiados, y llevar acciones de prevención y tratamiento de las adicciones y promoción integral de la salud mental de la población migrante.

Igualmente, reiteró el rechazo del Gobierno mexicano a la separación de niñas y niños de sus familias, y refrendó el principio de que todas las personas en México, sin distinción alguna, ni consideraciones sobre su situación migratoria gozan de los derechos que la Constitución reconoce.

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Mexico City., June 20, 2018. – The National Commission of Human Rights (CNDH) condemned the cruel, immoral and unacceptable acts against migrant families in the United States, by separating children and adolescents from their fathers and mothers. , and stressed that the power of a State to determine its migration policies can not include such separation, the literal caging that has been made of minors, or the unworthy treatment that has been given to them, issues that threaten their best interests and

denies all respect for human dignity and degrades people to the quality of objects. The cost of the wall that is to be built and of the commercial agreements that we want to reach must not be the pain and suffering of our children, nor the denial of our dignity as persons.

This was expressed by the national Ombudsperson, Luis Raúl González Pérez, when he participated in the commemoration ceremony for World Refugee Day -20 June-, headed by the Secretary of the Interior, Alfonso Navarrete Prida, before whom he pointed out that, since the States United of an instance of protection and defense of fundamental rights, migrants deprived of their freedom can hardly have the resources and a real possibility to defend their rights.

He announced that the CNDH has already sent Deputy Visitors to the northern border of the country to, in coordination with the consular authorities, make the situation known firsthand and carry out, within the scope of its powers, the actions taken to preserve the human rights of Mexicans, from the perspective of the best interests of children.

“It is not enough to denounce. You have to act. And in this I make a respectful call to the Ombudsperson of the American region and the world, as well as to the different international organizations linked to the protection and defense of human rights, so that we form a common front for the respect of the human rights of migrants in the United States of America, “he said.

The national Ombudsperson emphasized the need for the federal government to have a consistent policy, so that what the United States legitimately demands from our compatriots, applies to irregular migrants in their transit through our country, and demanded to send from Mexico a message of respect for human rights in the face of cruelty actions by separating members of families and leaving children and adolescents in the homelessness by lodging them in military installations, as well as rejecting migratory policies that foment hatred, xenophobia, discrimination and criminalization of the migrant community.

He said that the departure of the United States from the Human Rights Council shows its contempt for the dignity of people and nations, which forces them to articulate and put limits to this type of attitudes and actions. Gonzalez Perez also expressed concern about the suspension of deadlines maintained by the Mexican Commission for Refugee Aid (COMAR) since October 30 to refugee status eligibility procedures, and urged the resumption of their activities to the increase of the conditions of vulnerability of people who have left their countries victims of forced displacement due to violence, internal conflicts and violations of their human rights in search of international protection in ours, which they see as a space for hope and reconstruction of a whole life project.

According to figures from the COMAR, in 2017 there were 14,596 applications for refugee status, almost double those of the previous year, which were 8,976. However, its processing and resolution lagged considerably, as in June this year reported that only 1,907 people have been recognized as refugees -13% of the total number of applications- and 918 were granted complementary protection.

Of the total number of applications initiated, 259 corresponded to unaccompanied girls and boys, of whom 36 were recognized as refugees and 15 received complementary protection. He noted that Mexico has a robust legal framework to implement a solid protection system, having an internationally recognized law as one of the most guaranteed and willing to fulfill the commitments of the Declaration of New York and the 2030 Agenda of The UN, to which are added the Guidelines on the Assignment of the Single Code of Population Registration (CURP), which recognize applicants for refugee status and temporary residents as persons susceptible to receiving it, which will allow them to access to various gub services

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