Rodolfo Leyva el último de los “Jacobinos” defendiendo al Estado Laico y la división de poderes

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Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 27 de julio del 2017.- El consejero del ICHITAIP, Rodolfo Leyva Martínez, expresó que la queja y posterior amparo que promovió ante un juez federal por el nombramiento del sacerdote jesuita Javier “El Pato” Ávila Aguirre como comisionado de Atención a Víctimas, “no es ninguna ocurrencia, sino una legítima defensa de la Constitución y del estado laico” para que se respete la división de la “Religión y Estado” establecida por las leyes de Reforma y que permanecen vigentes hasta nuestros días.

Por lo que de acuerdo a la ley, el sacerdote no debió haber sido nombrado por parte del Congreso del Estado de Chihuahua, como consejero de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya que se viola con ello el artículo 130 Constitucional, esto a pesar de que en el Poder Legislativo y Ejecutivo aseguran que la intervención de Ávila Aguirre es en “representación de la sociedad civil”, Leyva Martínez destacó que de acuerdo a la facultad de administración de la Comisión plasmada en el artículo 16 de la Ley General de Victimas, los integrantes de este Comité tendrán la capacidad y autoridad de administrar recursos asignados a esta área, los cuales asciende a los 85 millones de pesos, explicó consejero del ICHITAIP.

Es por este sencillo hecho, que el sacerdote jesuita no solamente es un representante ciudadano, sino que al ejercer un presupuesto se convierte en funcionario público, todo lo contrario, a lo que han manifestado diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado y el propio secretario general de gobierno al defender el nombramiento de Ávila Aguirre, argumentando su desempeño y trayectoria como defensor de los derechos humanos en la Sierra Tarahumara.

Al respecto, Rodolfo Leyva Martínez, manifestó que no se trata de cuestionar su trayectoria como defensor de los derechos humanos, sino que, la Ley establece en su artículo 130 de la Constitución Federal un “principio histórico de separación del Estado y la Iglesia, en donde se resalta que, los ministros de culto no pueden desempeñar cargos públicos”.

Claro está que el sacerdote o los ministros “tienen derecho a participar en elecciones, es decir a votar por un candidato de su elección, sin embargo, la ley es muy precisa, si desean contender por un puesto público tendrán que haber dejado su cargo como ministros religiosos y dejar pasar de tres a cinco años para tener acceso a este derecho que quedo avalado en la reforma que promovió el entonces presidente de la república Carlos Salinas de Gortari en 1992.

Ante la polémica del amparo promovido por parte de Rodolfo Leyva Martínez contra el sacerdote jesuita, Javier “El Pato” Ávila Aguirre se han levantado muchas suspicacias, entre ellas se revive el tema de la “remoción” del consejero del ICHITAIP como presidente de dicho organismo.

Muchos pudieran decir que sería el pretexto perfecto para levantar “tolvaneras” contra el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a quien se le adjudica la destitución de Leyva Martínez de dicho puesto por “no haber permitido que el jefe del ejecutivo estatal colocara en un puesto estratégico al esposo de Stefany Olmos la actual titular de la Secretaría de la Función Pública en este organismo descentralizado.

Otra de las controversias que se han ventilado entorno al caso Ávila Aguirre se encuentra la controversia que el mismo sacerdote jesuita a ventilado de manera pública en donde él mismo aseguró que en la administración del exgobernador César Duarte Jáquez, fue nombrado consejero en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y “nadie había impugnado nada”.

Lo anterior “no conlleva, a no cuestionar quien una vez violó la ley, se le pueda permitir violarla de nueva cuenta”, advirtió el consejero del ICHITAIP, quien manifestó que en efecto “anteriormente no se le cuestionó al sacerdote jesuita su intromisión en el consejo de la CEDH porque no había la manera de hacerlo, sin embargo, gracias a la reforma constitucional del 2011 como parte de la progresividad se le otorgó a los ciudadanos esta facultad”.

Es por ello por lo que, Leyva Martínez aseguró que su intervención es únicamente para “defender la Constitución y el estado laico con respecto al nombramiento del sacerdote jesuita Javier “El Pato” Ávila Aguirre, esto bajo el argumento de que la “Constitución no se cambia por costumbre”, sino que se respeta atendiendo claramente la separación de “Iglesia y Estado”.

Lo anterior fuera el partido que fuera, el PRI, el PAN o el PRD Leyva Martínez aseguró que hubiera interpuesto el recurso porque simple y llanamente la “ley se ha violado” descartando con ello un “rechanchismo político” de que se le ha querido acusar por atentar contra Ávila Aguirre.

Ante las acusaciones del Congreso del Estado de nombrar bajo el adjetivo de “el último de los Jacobinos” Leyva Martínez”, expresó que “no entiende los motivos por los cuales lo llamaron así”, sí lo único que ha hecho es defender la Constitución.

Sin embargo, el término “Jacobino” tiene un significado especial y va dirigido a quien, por un ideario político asesinó a miles de personas, algo que dista mucho de lo que “estoy haciendo” aseveró Leyva Martínez, quien detalló que lo “único que está haciendo es promover a través de los mecanismos legales adecuados un amparo para que se respete la Constitución”.

En lo personal me preocupa que se utilice el adjetivo “el último de los Jacobinos”, por lo que en primera instancia solicitare a la presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, Blanca Gámez Gutiérrez, especifique de que manera buscan “extinguirme” ya que están haciendo referencia a que soy “el último”, lo cual significa una evidente “amenaza” o un “insulto” ante lo que estoy defendiendo, concluyó Leyva Martínez.

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