EPN se desquita con Chihuahua por acción de Corral contra la Corrupción

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Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Ciudad de México,. 9 de enero del 2018.- El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado denunció desde el Hotel Genove de la Ciudad de México que el presidente de la república, Enrique Peña Nieto (EPN) junto con el secretario de Hacienda Federal, José Antonio González Anaya han emprendido en contra de los chihuahuenses una represalia financiera debido a las acciones emprendidas al combate a la corrupción de la Operación Justicia para Chihuahua con la que se busca devolver los recursos que le fueron sustraídos por parte del ex gobernador priista, César Horacio Duarte Jáquez al erario público.

En lo que va de la administración de Javier Corral Jurado, en la Operación Justicia para Chihuahua, se han procesado 15 personas y condenado en diversas causas penales, entre ex-funcionarios y empresarios que colaboraron con estos en la trama de simulación de operaciones para la triangulación de recursos financieros.

Por ese motivo, los recursos para el saneamiento financiero convenidos en diciembre no fueron radicados durante ese mes, como se establece en el convenio que el Gobierno del Estado tenía firmado con la Secretaría de Hacienda Federal, esto ocurrió luego de la detención del ex senador priista Alejandro Gutiérrez.

En una primera instancia, se González Anaya alegó que al Gobierno de Chihuahua falta de disponibilidad financiera, refirió Corral Jurado en rueda de prensa en la Ciudad de México, sin embargo, “siendo Chihuahua la única entidad federativa a la que no se le transfirieron recursos, esto es, sólo para el Estado de Chihuahua no hubo disponibilidad de recursos, lo cual nos provocó un enorme problema para el cumplimiento cabal de las obligaciones como es el pago de salarios, aguinaldos, proveedores, entre otros”.

Cabe destacar que los convenios celebrados entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda Federal para el Saneamiento Financiero de Chihuahua, se celebraron desde el pasado 14 de diciembre y de acuerdo con el jefe del ejecutivo estatal, Javier Corral Jurado se entregarían para varios programas la cantidad de 44 millones 777 mil pesos, divididos para obras de gestión legislativa por 35 millones 334 mil pesos y un convenio de fortalecimiento financiero que implica la transferencia de 700 millones de peso a fin de que el estado contara con recursos suficientes para concluir el ejercicio fiscal 2017.

En este sentido, el mandatario puntualizó que, pese a que se acordó que estos 700 millones de pesos debían haberse depositado en diciembre del 2017, la SHCP no lo hizo así ya que, según su titular José Antonio González Anaya, hubo una supuesta baja en la recaudación que, curiosamente sólo afectó al Estado de Chihuahua, que fue al único al que no se le transfirieron los recursos.

Por ese motivo, el coordinador de Gabinete, Gustavo Madero Muñoz, delante del gobernador, le preguntó a González Anaya “a ver Pepe Toño, no se está mezclando en esto otra agenda” a lo que el secretario respondió “hay que platicar, hay que platicar” y de ahí se convino una reunión que se realizó el pasado 4 de enero a las 6:00 de la tarde. En esa reunión, el secretario de Hacienda aseguró que “la investigación por peculado pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos”.

Ahí nos fue informado que la investigación por peculado que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua lleva a cabo, pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos razón por la cual han tomado la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos establecidos en los convenios.

Quiero señalar enfáticamente que dicho argumento carece de asidero jurídico, ya que el delito que se investiga consiste en el desvío de los 250 millones de pesos para fines distintos para el que fueron entregados. Es decir, no se combate la validez del convenio sino la ilegalidad del destino.

Para nuestra sorpresa, quedó perfectamente claro en la exposición de González Anaya, que el motivo por el que nos dejaron de depositar los recursos convenidos a nuestra entidad es el desarrollo de esta investigación que se dirime en las instancias judiciales en busca de combatir la corrupción política, empleada no sólo para dañar el patrimonio de las y los chihuahuenses, sino para lastimar la equidad de la competencia electoral que es, nada menos, el principio fundamental de la competencia democrática de nuestro país.

En suma, el gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción y el gobierno de Peña Nieto actúa contra el pueblo de Chihuahua. No quieren detener a César Duarte Jáquez, pero nos detienen los recursos que necesitamos para seguir saneando las finanzas del Estado y poder satisfacer las necesidades de la gente, refirió Corral Jurado.

Me he limitado a señalar los hechos, pero no puedo dejar de asentar algunas reflexiones: Estamos conscientes que hemos tocado el modus operandi de la corrupción política en México, de la que toda la Nación habla, con la diferencia de que nosotros lo hemos acreditado técnica y documentalmente.

Las acciones anticorrupción que hemos realizado responden al daño que se infligió al erario chihuahuense, tenemos 39 procesos penales iniciados; 30 órdenes de aprehensión libradas por los tribunales, se han cumplimentado 16 órdenes de aprehensión del universo de órdenes de aprehensión liberadas 10 solamente pertenecen al ex gobernador César Duarte. Tenemos 23 Vinculaciones a Proceso dictados por los jueces y 5 Sentencias condenatorias.

Que nadie venga a decirnos ahora que estamos enderezando investigaciones con fines electorales, o desde la estrategia de una campaña.

En mi caso, no se pueden dar a sorpresa, lo ofrecí en mi toma de protesta como Gobernador de Chihuahua, dije entonces: ¨el gran reto que tenemos en Chihuahua es romper el pacto de impunidad que atraviesa a los más disímbolos actores políticos, económicos y sociales. Transversal a partidos, poderes, niveles de gobierno. Desmantelar el sistema de corrupción, y parar la escalada de ilegitimidad del poder. Porque juntas, corrupción e ilegitimidad, son las precursoras seguras de la violencia política¨.

El tema ahora es que la Justicia en Chihuahua ha vinculado a proceso a un alto funcionario de la dirigencia nacional del PRI cuyo ámbito de acción también era nacional. Parecería una ingenuidad asumir que las operaciones financieras que perpetró en Chihuahua no hayan sido replicadas en otros estados, pero eso no nos corresponde a nosotros investigar, ni siquiera podemos investigar el delito electoral, esto corresponde a la Procuraduría General de la República, a la FEPADE, al Instituto Nacional Electoral. Corresponde al Congreso de la Unión integrar comisiones de investigación. Chihuahua está haciendo lo que le corresponde y no nos van a doblegar, no vamos a negociar esta investigación, ni por 700 millones, ni por todo el presupuesto de Chihuahua, porque a la larga todo México pierde, concluyó el jefe del ejecutivo estatal.

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